La Jueza Dra. Norma Issa no dio a lugar, ante el pedido de la comunidad que le solicitó una morigeración de la medida cautelar, solicitando la autorización para la instalación de servicios de agua potable y colocación de luz eléctrica en la Comunidad Cueva del Inca. Esta respuesta de la jueza, se realizó el pasado 21 de agosto , sosteniendo arbitrariamente que la comunidad siga cumpliendo la medida de no innovar (decretada a fs. 147 de autos).
La comunidad está ubicada en la localidad de Tilcara, provincia de Jujuy, quién hizo nuevas presentaciones de morigeración de la medida cautelar, cuando inició la pandemia para poder acceder al agua y luz eléctrica, y de este modo evitar que se expanda el contagio del covid19, ya que para tomar las medidas sanitarias es necesario tener agua potable. La respuesta de la jueza fue negar éste derecho no dando a lugar a la solicitud de la comunidad, dejando en evidencia que la justicia es selectiva y no considera derechos indígenas, ni derechos humanos básicos.

La Comunidad Cueva del Inca vive momentos de mucha angustia e indignación, ya que hay familias contagiadas con covid19 y la jueza con esta resolución no está respetando la vida humana, una vez más los jueces que imparten “la justicia” en la provincia de Jujuy ponen la balanza a favor de litigantes que afectan derechos, en éste caso el de los pueblos indígenas.
La presidenta de la Comunidad Cueva del Inca, Claudia Méndez expresó que “ Es indignante que en plena pandemia, la Jueza Norma Issa impida acceder al agua y a la luz, con esta resolución se nos está negando directamente el derecho a vivir, es una condena de muerte, en nuestra comunidad ya tenemos familias afectadas con covid19 y la única forma de evitar contagios masivos es usando agua. Pero sin embargo se nos niega ese derecho, y sin acceso a la electricidad hay niños y jóvenes de la comunidad que no están pudiendo ni siquiera estudiar, hay familias hacinadas sin agua ni luz, inclusive se comparte un baño letrina entre varias familias. Es lamentable la justicia que tenemos en Jujuy”.

Por su parte, Gloria Gutiérrez integrante de la Comisión Directiva dijo que “en estos momentos lo que estamos pasando con el coronavirus estamos siendo afectados. Hay familias que tienen coronavirus, como integrante de nuestra comunidad solicito a la Jueza Norma Issa que por favor contemple nuestra situación, venimos sufriendo la falta de agua y luz, ahora necesitamos si o si el agua, es complicado vivir así, la familias se las rebuscan como sea para tener el agua, donde antes se iba a buscar el agua en acequias y ojitos de agua, actualmente todo ha sido tapado para distribución de servicio de agua para otros lugares. Tuvimos la mala suerte que nos saquen hasta eso, estamos buscando la manera de sobrevivir, de luchar, al coronavirus ya lo tenemos en el lugar, hay niños, personas mayores, y estamos sin agua, es muy triste ver cómo la gente está padeciendo con estas prohibiciones.”

El abogado de la comunidad Franco Aguilar, realizó la petición de autorización de habilitación de agua y luz por ser parte de servicios esenciales y que responde a acceder a derechos humanos básicos, en lo que es a la realización de una vida digna en la comunidad. Aun siendo que ninguna medida judicial podría entorpecer u obstaculizar estos derechos humanos básicos, sin embargo la resolución de la jueza al negar estos derechos expone a mayor peligro de la existencia de contagio masivo de covid19 en la comunidad.

Aguilar remarcó que la medida tomada por la Jueza Norma Issa es arbitraria “la medida resulta a nuestra consideración arbitraria puesto que limita el acceso al agua y la luz, dos servicios básicos y elementales para la vida humana, tan así, que son derechos humanos que no puede tener acceso la comunidad. Sin fundamento lógico coherente, puesto que la medida principal es de un daño y perjuicio, y no cualquier daño y perjuicio, sino por la supuesta ocupación, sin embargo no hay ninguna acción en contra de la comunidad que esté reclamando aquel territorio. Es decir, el privado reclama a la comunidad solamente daños y perjuicios, por una supuesta ocupación, pero no reclama la tierra misma. Entonces, cuál sería el daño y perjuicio si por su propia culpa el mismo, no está accionando ése reclamo de la tierra. ¿Cuál sería el daño si no está cumpliendo ni siquiera con las defensas mismas que le otorga la ley? Entonces lanzar una medida cautelar que prohíbe el acceso al agua y la luz cuando está aprobada la posesión ancestral, inclusive hay sentencias en contra del propio privado como la acción de desalojo que realizó contra la comunidad pero la perdió. La medida resulta arbitraria.”

Ante plena crisis sanitaria, no poder tener agua ni luz es una condena social que afecta a las familias coyas de la comunidad Cueva del Inca. Esta negación de accesos a derechos básicos, afectan también otros derechos como por ejemplo el acceso a la educación, a los derechos de la niñez, de las mujeres, de personas con discapacidad. Todas estas circunstancias se dan frente a diferentes juicios realizados por la familia Mendoza quien aduce ser dueña de casi todo el territorio indígena. Sin embargo la comunidad tiene reconocimiento de la ocupación tradicional del territorio mediante el INAI Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con carpetas aprobadas del RETECI, ley 26160 y con Resolución N°466 desde el año 2014. Inclusive desde el año 2009 la Comunidad Cueva del Inca le ganó un juicio a la familia Mendoza, quienes pretendían su desalojo y la comunidad logró acreditar la efectiva posesión del territorio, no pudiendo ser desalojadas. Y ante éste resultado, la abogada Citro (representante legal de la familia Mendoza) planteó una supuesta acción de daños, y posteriormente solicitó una cautelar de prohibición de innovar. Desde entonces hasta el presente con estas disposiciones judiciales de medidas cautelares de prohibición de innovar, se le impide a la comunidad vivir dignamente en el territorio, no puede acceder a la instalación del servicio de agua y luz, no pueden construir baños, ni ampliar las habitaciones de sus viviendas, actualmente se vive en total hacinamiento.
La lucha de la Comunidad Cueva del Inca, viene desde hace años, el poder vivir en territorio ejerciendo derechos comunitarios indígenas, ha implicado varios litigios judiciales y el soportar distintas violaciones a los derechos indígenas. La comunidad inclusive fue violentamente reprimida cuando reclamaba se levante medida cautelar dictaminada en ese tiempo por el Juez Sebastián Cabana, la policía reprimió y detuvo a menores de edad, ancianos, jóvenes, los abuelos y abuelas iniciaron huelga de hambre y se levantó la medida cautelar por dos meses.

Luego en enero de 2019, nuevamente entra en vigencia otra medida cautelar de prohibición de innovar en contra de la Comunidad Cueva del Inca. Así continua la comunidad enfrentando a distintas medidas cautelares dictaminada por jueces arbitrariamente, sin tener el mínimo respeto a los derechos indígenas. La pregunta es si la Comunidad ya le ganó un juicio a la familia Mendoza que se considera dueña del territorio indígena. ¿Por qué los jueces siguen avalando a los demandantes con cautelares a favor?

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